El sistema actual actúa como un embudo: miles de jóvenes se quedan sin plaza pública en su opción vocacional, lo que genera una expulsión administrativa o una matriculación forzosa en ciclos no deseados. Es necesario ampliar el acceso a la FP y al Bachillerato, teniendo en cuenta las limitaciones actuales de la oferta, de manera que todas las personas jóvenes puedan continuar su formación hasta alcanzar una cualificación mínima, actuando de forma preventiva sobre el abandono educativo temprano.

Desarrollar un Plan Estratégico 16-21 años dirigido a jóvenes en situación de abandono educativo temprano, combinando medidas compensatorias y preventivas. Este plan debe articular un enfoque integral que permita detectar, acompañar y reenganchar a jóvenes sin titulación, mediante un registro de seguimiento, un contrato de empleo y formación para quienes no hayan alcanzado una cualificación media y la promoción de un modelo de FP Dual equilibrado y de calidad. Al mismo tiempo, debe reequilibrar las políticas compensatorias y preventivas, reforzando las intervenciones tempranas que generen autoeficacia, vínculo escolar y motivación por aprender. En este marco, resulta clave avanzar hacia el establecimiento de mínimos de cualificación para el acceso al empleo, garantizando que toda persona joven alcance al menos un nivel de FP de Grado Medio o Bachillerato y curse una experiencia laboral formativa acreditada, con la implicación activa de las empresas.

Es imprescindible un compromiso sostenido y transversal, con financiación estable y finalista, normativas que permitan flexibilidad y reconocimiento real de aprendizajes, y un diálogo permanente entre administraciones, centros, empresas y territorios para garantizar la eficacia de las políticas educativas y formativas.

Muchas personas jóvenes necesitan compatibilizar estudios con trabajo u otras responsabilidades. Avanzar hacia formatos híbridos, itinerarios adaptables y contratos de formación y aprendizaje para estudiantes en situación de vulnerabilidad permitiría asegurar continuidad, seguridad y acompañamiento hasta la inserción laboral. La flexibilidad debe entenderse como una respuesta estructural a las condiciones de vida del alumnado y como un mecanismo clave para reducir el abandono educativo temprano.

Establecer un marco normativo y de planificación que blinde la FP como columna vertebral de la cualificación profesional, priorizando la oferta pública para garantizar la equidad y la cohesión territorial. Frente a la mercantilización de la oferta formativa, se debe asegurar un estándar de excelencia exigible a todos los centros sostenidos con fondos públicos y privados. Esto implica: A) Planificación pública de la oferta: Que la creación de plazas responda a las necesidades del tejido productivo y al equilibrio territorial, y no a criterios de rentabilidad económica de operadores privados. B) Homologación estricta de la calidad: Endurecer los requisitos de autorización de centros (especialmente en modalidad online), exigiendo equipamientos equivalentes a la red pública, ratios adecuadas y estabilidad docente, evitando la proliferación de ofertas de baja calidad pedagógica. C) Inspección proactiva: Desplegar planes específicos de inspección educativa que verifiquen no solo la burocracia, sino la calidad real de la formación, la tutorización en la empresa (Dual) y la inserción laboral efectiva.

Establecer un marco claro de cualificaciones para todos los niveles educativos en España, alineado con estándares internacionales como el Marco Europeo de Cualificaciones, de manera que se facilite la transparencia, movilidad y reconocimiento de titulaciones. Este marco debería integrar no solo los aprendizajes formales acreditados mediante títulos, sino también las competencias adquiridas a través de experiencias de aprendizaje no formales e informales. Paralelamente, promover un modelo armonizado de expresión de competencias, inspirado en el CV Europeo Europass, que permita a cada persona joven reflejar de manera sistemática los conocimientos, habilidades y capacidades que ha adquirido en distintos escenarios de aprendizaje. Este enfoque favorecería pasar de un sistema centrado únicamente en los títulos a un perfil competencial que describa con claridad los desempeños que un/a joven puede realizar eficazmente, facilitando su orientación, inserción laboral y continuidad educativa.

Crear estándares comunes de evaluación para programas y políticas contra el abandono educativo temprano, con el objetivo de mejorar su efectividad y evitar improvisaciones. Elaborar un mapa nacional de buenas prácticas que permita analizar, replicar y difundir experiencias exitosas, combinando medidas compensatorias con políticas preventivas que actúen antes de que los y las jóvenes lleguen a situaciones de abandono. Incluir referencias a marcos internacionales de buenas prácticas, de manera que los programas se alineen con estándares probados globalmente y se adapten a los contextos locales, garantizando una mejora continua y una perspectiva comparativa enriquecedora.

El actual entramado de vías formativas no siempre ofrece una visión clara y coherente de las posibilidades de continuidad educativa, lo que dificulta que jóvenes, familias y profesionales puedan identificar con facilidad las opciones disponibles y las transiciones posibles entre ellas. Es necesario construir un sistema más conectado, transparente y flexible, que permita transitar entre diferentes vías sin generar trayectorias fragmentadas. Esto implica crear pasarelas claras entre la FP, las escuelas de personas adultas, las Escuelas de Nuevas Oportunidades y los programas de inserción, así como establecer mecanismos efectivos de reconocimiento entre la formación formal, no formal e informal. Además, el recorrido continuo de Grado Básico a Grado Medio permitiría al alumnado completar un ciclo formativo de 4 años sin interrupciones, fortaleciendo la autonomía, la confianza y las competencias profesionales, asegurando una transición fluida y motivadora que contribuya a reducir el abandono educativo temprano.

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la FP, ofrece oportunidades para diseñar certificaciones, microacreditaciones y recorridos formativos adaptados a perfiles diversos. Aprovechar esta flexibilidad es clave para responder a las necesidades de un alumnado heterogéneo y para evitar que quienes no encajan en los itinerarios tradicionales queden excluidos del sistema. La modularidad y la acumulación progresiva de acreditaciones permiten avanzar por etapas y reducen la sensación de irreversibilidad que a menudo conduce al abandono.

El contacto con empresas no debe limitarse únicamente al alumnado de FP; también es esencial para estudiantes de ESO y bachillerato. La evidencia internacional muestra que las experiencias prelaborales tempranas contribuyen a reducir el abandono educativo temprano y facilitan la orientación experiencial que beneficia a quienes más adelante cursarán FP o bachillerato. Integrar experiencias de éxito tempranas permite que los jóvenes descubran talentos, progresen de forma visible y se sientan competentes, fortaleciendo su autoestima académica y su vínculo con la escuela. Asimismo, adelantar el contacto del alumnado con el mundo laboral desde el primer curso de FP de Grado Medio, mediante mentoría empresarial y acompañamiento educativo, es fundamental para que los jóvenes se sientan responsables, valorados y capaces, y para implicar a las empresas de manera efectiva en su desarrollo personal y profesional.

La FP Básica debe ofrecerse en entornos integrados, evitando que se sitúe en centros de secundaria cuya cultura pueda estigmatizar la FP como una “vía de fracaso”. Esto favorecería una percepción positiva de la FP y aumentaría la motivación del alumnado.

Es imprescindible garantizar la continuidad del profesorado en la FP Básica y seleccionar a los profesionales por perfil, asegurando competencias específicas en acompañamiento educativo, metodologías activas y orientación al mercado laboral.

La FP Dual debe consolidarse como una política estructural del sistema formativo y convertirse en una de las principales estrategias para reducir el abandono educativo temprano. Es esencial garantizar su calidad y adecuación al mercado laboral, asegurando que el alumnado reciba una formación remunerada y que el aprendizaje práctico se integre de manera efectiva con la formación teórica. Para ello es imprescindible reforzar la implicación de las empresas, especialmente de las pymes, dado que está ampliamente demostrado que el aprendizaje en entornos reales genera beneficios tanto para el alumnado como para el tejido productivo. La FP Dual se traduce en mejores tasas de inserción laboral, mayor estabilidad contractual y salarios superiores en comparación con la FP presencial, lo que la convierte en una herramienta clave para mejorar las oportunidades de los y las jóvenes.

Reconocer oficialmente las E2O e integrarlas como centros acreditados en la red pública, con financiación estable y capacidad para certificar titulaciones oficiales. Establecer criterios claros de derivación y seguimiento del alumnado con riesgo de abandono, asegurando la continuidad educativa y el acompañamiento personalizado dentro del sistema de FP.

Reducir el AET requiere mecanismos eficaces para detectar centros y territorios en situación de vulnerabilidad. Estos centros deben contar con recursos multidisciplinares estables que permitan abordar de manera integral las necesidades del alumnado y del entorno. La intervención temprana y focalizada es esencial para evitar que las desigualdades se traduzcan en trayectorias educativas truncadas.

Los centros educativos deben convertirse en espacios abiertos a la comunidad, donde se articulen experiencias de aprendizaje más allá del horario lectivo formal. Esto incluye la participación de ayuntamientos, empresas, familias y el propio alumnado, promoviendo actividades educativas enriquecedoras. La orientación educativa se debe articular a nivel local mediante figuras de coordinación comunitaria —como los orientadores comunitarios— que conecten los centros con el entorno social, institucional y productivo. Este enfoque favorece la corresponsabilidad, refuerza el vínculo entre escuela y comunidad y permite diseñar respuestas educativas más ajustadas a las realidades y necesidades locales.

El sistema educativo debe avanzar hacia metodologías más activas, flexibles y contextualizadas, que conecten el aprendizaje con la vida real y respondan a la diversidad del alumnado. La evidencia internacional muestra que los desdobles, la personalización y las prácticas pedagógicas innovadoras reducen el riesgo de abandono educativo temprano. Asimismo, es necesario adaptar los currículos para equilibrar el conocimiento abstracto con el aplicado, favoreciendo experiencias de aprendizaje más significativas.

La mejora del sistema educativo requiere docentes formados, acompañados y estables, capaces de generar vínculos sólidos con el alumnado y de desarrollar proyectos educativos coherentes, especialmente en centros de alta complejidad. Para ello, es fundamental reforzar la formación docente y directiva, promoviendo mentorías, acompañamiento continuo y la revisión de los modelos de formación inicial: la combinación simultánea de formación disciplinar y pedagógica permite que los docentes desarrollen una identidad profesional más ajustada a las exigencias reales del aula, superando las limitaciones del modelo español actual. Asimismo, conviene estudiar experiencias internacionales que combinan mayor estabilidad laboral, autonomía escolar y liderazgo pedagógico, garantizando un enfoque integral que fortalezca la capacidad de los centros para prevenir el abandono educativo temprano y mejorar el aprendizaje del alumnado.

La orientación educativa ha sido tradicionalmente una respuesta puntual ante situaciones de crisis o momentos de transición. Para reducir el abandono educativo temprano, es necesario transformarla en un proceso continuo, integral y no estigmatizante,. La orientación debe conectar de manera natural la vida escolar con la vida adulta, ayudando a los jóvenes a construir un proyecto vital y profesional significativo.

Establecer por ley la obligatoriedad de contar con una ratio de profesionales de la orientación adecuada en todos los centros educativos, con formación especializada en trayectorias no lineales, mercado laboral, acompañamiento emocional y coordinación interinstitucional. La ley también debería contemplar la creación de la figura de la persona acompañante integral en la transición a la vida adulta, especialmente en FP, Escuelas de Personas Adultas y Escuelas de Nuevas Oportunidades.

La orientación no puede recaer únicamente en los profesionales especializados; requiere la implicación activa de todo el profesorado para conocer los intereses, talentos y aspiraciones del alumnado y para generar expectativas positivas y realistas. Para ello es imprescindible sensibilizar y formar al conjunto del claustro, evitando sesgos y estereotipos que condicionen las trayectorias.

Inspirada en modelos internacionales, esta experiencia educativa debe permitir al alumnado desarrollar un proyecto vital y profesional como resultado final de aprendizaje y facilitar el autoconocimiento, la planificación del futuro y la conexión entre los intereses personales y las oportunidades profesionales. Al mismo tiempo, la orientación debe integrarse al currículum y a la acción tutorial como parte del aprendizaje cotidiano, incorporando actividades breves en todas las asignaturas para que el alumnado adquiera competencias clave para la toma de decisiones y la planificación de su futuro.

La orientación debe actualizarse constantemente para responder a los cambios tecnológicos, los sectores emergentes y las necesidades del tejido productivo. Incorporar a organizaciones empresariales en actividades de orientación contribuye a ofrecer información realista y actualizada sobre oportunidades profesionales.

Es necesario adaptar el crédito de formación empresarial para favorecer la cualificación de jóvenes y la actualización de competencias en sectores estratégicos. En aquellos sectores con alta presencia de perfiles de baja cualificación, deben impulsarse programas duales que garanticen una retribución durante la formación, evitando que las barreras económicas limiten la participación del alumnado.

La colaboración empresarial en la formación de jóvenes debe apoyarse con incentivos bien diseñados, sostenibles y orientados a resultados. Los créditos de formación o las exenciones fiscales específicas son mecanismos más eficaces que las bonificaciones generalistas de contratación, cuyo impacto ha sido limitado. A medio plazo, estos incentivos pueden generar un retorno fiscal positivo.

Para garantizar la calidad de la FP Dual, es fundamental facilitar que las empresas formen y acrediten a sus tutores mediante instrumentos claros de seguimiento y evaluación. Esta función debe enmarcarse en la responsabilidad social empresarial y coordinarse con la negociación colectiva para asegurar que las contrataciones incluyan las titulaciones y acreditaciones requeridas.

Las organizaciones empresariales deben desempeñar un papel activo en la orientación académica y profesional, contribuyendo a dar a conocer los itinerarios profesionales reales, contrarrestar mensajes desmotivadores como la idea de que “lo que se estudia no sirve para nada” y acercar la formación a las necesidades del mercado laboral. Además, su participación en el diseño de los itinerarios refuerza la motivación del alumnado, mejora la pertinencia de la oferta educativa e incorpora experiencias prácticas vinculadas al entorno productivo que permiten a los jóvenes percibir la utilidad de lo que aprenden y visualizar oportunidades profesionales concretas.

Elaborar informes anuales de seguimiento sobre la situación de las jóvenes en riesgo o en situación de AET, combinando estadísticas públicas con datos de los agentes del territorio, para identificar perfiles, causas y determinantes del abandono. Crear un registro compartido entre centros educativos y administraciones que facilite la detección temprana y la actuación preventiva.

Fomentar la coordinación entre centros, servicios municipales, entidades sociales y agentes educativos para detectar de forma precoz situaciones de riesgo y facilitar intervenciones integrales que contemplen los contextos familiares y territoriales.

Implementar programas de prevención de violencias machistas y acoso escolar, junto con iniciativas de gestión emocional y resolución de conflictos. Capacitar a profesionales y familias para acompañar al alumnado, reforzar la orientación académica personalizada con perspectiva de género y desarrollar programas de mentoría para chicas en riesgo.

Adaptar la oferta educativa a los intereses y motivaciones de las jóvenes, atendiendo a sus necesidades específicas. Promover la atención integral para chicas en situación de AET, combinando orientación, tutoría, exploración de oficios y experiencias profesionales, y mejorar el acceso a recursos educativos mediante descentralización y mejoras en conectividad y transporte.

Abordar los sesgos de género presentes en formaciones masculinizadas y en la percepción social de los roles profesionales, asegurando que las jóvenes puedan acceder a cualquier sector sin sentirse estigmatizadas. Facilitar espacios no mixtos para la expresión libre, involucrar a las familias y generar referentes positivos que acompañen a las chicas en su trayectoria educativa.

Establecer un espacio de colaboración entre profesionales, centros y administraciones para compartir estrategias exitosas y experiencias innovadoras, permitiendo la transferencia de conocimiento y la mejora continua de las políticas con perspectiva de género en todos los niveles educativos.